El Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de la Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá condenó a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por los daños ocasionados por el asesinato del líder social del municipio de Palmar de Varela, Luis Barrios Machado.

El crimen fue perpetrado el pasado 3 de julio de 2018.

El juez ordenó pagar a los familiares del líder 1.100 salarios mínimos legales, por conceptos de prejuicios morales.

El 23 de agosto del 2018 fueron capturados los autores materiales del crimen. Se tratan de Javier Renán Pabón Vásquez, de 48 años; y Jefry Jesús Madera Maldonado, de 24.

En audiencia preliminares a estos sujetos, la Fiscalía reveló que Javier ingresó a la casa del líder social y al verlo acostado en su cama le disparó en dos ocasiones en la cabeza.

El asesino corrió a la calle y afuera lo esperaba una moto conducida por Jefry.

Ambos aceptaron cargos en audiencias preliminares ante un juez de control de garantías de Barranquilla.

El líder social Luis Cuarto Barrios Machado fue objeto de amenazas sistemáticas por más de diez años.

El abogado defensor de derechos humanos, José Humberto Torres, quien representa a la familia Barrios Machado, recordó que el Ministro del Interior de la época, Guillermo Rivera, asumió la responsabilidad por omisión: “asumimos esa responsabilidad”, dijo.

"Este es uno de los casos más dolorosos porque él había solicitado una medida de protección, el Estado había verificado la existencia de esas intimidaciones…”.

En la demanda Torres Díaz advirtió que en mayo de 2014, el señor Barrios Machado denunció penalmente a un Policía por poner en riesgo su vida tras revelar su identidad como denunciante de personas dedicadas al microtráfico en el municipio.

Pese a la sistematicidad y gravedad de las amenazas que durante una década recibió el líder asesinado, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de la UNP, consideró que su riesgo era ordinario.

Según el Juez administrativo de de Bogotá, las pruebas aportadas por el el abogado José Humberto Torres demostraron que “la Policía Nacional tenía conocimiento de la situación de vulnerabilidad por las amenazas que pesaban sobre el señor Barrios Machado, a partir de requerimientos que le hicieron diferentes autoridades, lo que implica que se habría incurrido en una omisión al no haberse desplegado las acciones pertinentes para evitar la materialización de las intimidaciones denunciadas en múltiples oportunidades”.

“Especialmente en el contexto del caso, en el que era conocido el riesgo que presentaba el señor Barrios Machado en su calidad de presidente de la veeduría de control ciudadano y de presidente de Asocomunal del municipio de Palmar de  Varela, máxime cuando se trataba de un líder social que llevaba más de 8 años siendo víctima de amenazas e intimidaciones con ocasión de su labor de gestión social a la gestión pública y, que había acudido en diferentes oportunidades a interponer denuncias y solicitar ayuda a las autoridades”.

El juzgado precisó que “no se trata de imponer a la fuerza pública una obligación de resultado frente acciones ilegales de terceros, de modo tal que se le exija un control y neutralización absolutos de cada ataque contra la población civil, sino la obligación de emprender todas las acciones posibles dentro del marco de la ley, esto es, la optimización de los recursos institucionales dirigidos a brindar una protección idónea y eficaz; sin embargo, en el presentes caso, la Policía Nacional no acreditó acciones planeadas y efectivas a efectos de brindar seguridad y protección al señor Barrios Mahecha, sino que se limitó a impartir recomendaciones de autoprotección y a hacer una ronda diaria a su residencia, permitiendo el libre accionar de los violentos”.

Por el homicidio de Luis Cuarto Barrios han sido capturadas 5 personas que participaron en la planeación y ejecución del crimen, dos de las cuales se acogieron a sentencia anticipada; uno de los sicarios llego a un acuerdo con la Fiscalía, un principio de oportunidad, comprometiéndose con el ente acusador a entregar detalles sobre los móviles y determinadores del crimen; según las investigaciones el asesinato se había planeado en la finca de un conocido empresario del departamento vinculado al sector salud.